POR LA DIGNIDAD DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Y EL RESPETO AL COLECTIVO AL QUE SE REPRESENTA.


POR LA DIGNIDAD DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Y EL RESPETO AL COLECTIVO AL QUE SE REPRESENTA.

EL DIALOGO SOCIAL COMO PRINCIPAL MOTOR DE AVANCE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

Las personas con discapacidad física y orgánica, más de 6.000 en la provincia de Cádiz, que están representadas y “atendidas” por FEGADI COCEMFE y sus 36 entidades miembros a lo largo y ancho del territorio gaditano le quiere exponer la grave situación institucional que se vive tras años de recortes e inestabilidad en la convocatoria de subvenciones Institucionales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

Sin estructuras asociativas no se pueden desarrollar programas de atención al colectivo, pero indudablemente sin esos programas las entidades pierden la razón de ser aun disponiendo de locales, equipamiento, etc…

FEGADI COCEMFE y su movimiento asociativo ha demostrado sobradamente solvencia técnica y capacidad de gestión en estas casi 4 décadas de vida para atender las necesidades de su colectivo con criterios de calidad y servicios ajustados a las realidades que confluyen en cada persona.

Por ello queremos poner en valor la existencia del movimiento asociativo y su importancia en la consecución de los derechos del colectivo de personas con discapacidad física y orgánica de nuestra provincia que representa a más del 60% del total de las personas con discapacidad, y que se configura, por su número a nivel autonómico, como el mayor de todo el estado.

En este sentido no es concebible la pérdida constante de cuantía en la asignación presupuestaria de la Convocatoria de Subvenciones Institucionales que pasó de los 7.114.965,93 euros en 2012 a los 5.831.160,75 euros en 2019 teniendo presente el bienio 2015-16 en la que la Administración andaluza sacó una convocatoria aunando ambas anualidades con un descenso difuminado por esta circunstancia. Esta situación ha provocado la pérdida de 1.283.805,18 euros en el presupuesto destinado a lo social.

Especialmente esta convocatoria sobre la que se fundamenta el “mantenimento de nuestras entidades” y el desarrollo de “programas” ha sufrido una bajada fortísima en la cuantía concedida en estos últimos años pasando de recibir en su conjunto 115.805,39 euros en 2012 a los 58.225,65 euros de la última convocatoria, teniendo presente que en la línea de programas FEGADI COCEMFE no ha recibido subvención alguna desde 2017. Ello supone para nuestro colectivo la pérdida efectiva de más de 57.000,00 euros, casi el 50% de lo que se recibía en 2012.

Esta pérdida de capacidad operativa se ha visto agravada notablemente por la desafortunada situación que se viene produciendo desde 2018 al existir diferencias en los listados de entidades a las que se les conceden subvención en la publicación provisional y con posterioridad no aparecer en la definitiva por la falta de la aplicación de un criterio uniforme y claro entre la Delegación y la Intervención. En algunos casos esta situación ha provocado un perjuicio económico a la entidad al haber realizado parte del gasto de la cuantía teóricamente asignada.

Además el movimiento asociativo de FEGADI COCEMFE le traslada que las cuantías que se conceden son irrisorias e indignantes ya que no permiten cumplir con los objetivos que se marcan en los proyectos presentados.

En este sentido, La Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía establece que: en la elaboración de planes o programas o de cualquier actuación pública que se desarrolle para llevar a cabo las medidas recogidas en esta ley se deberán prever los instrumentos y cauces necesarios que garanticen la consulta y participación de las personas con discapacidad y sus familias, o de las entidades que las representen, así como de los agentes económicos y sociales más representativos.

En este marco, es fácil entender que la existencia de organizaciones fuertes y representativas se convierte en la principal herramienta para que el diseño de las políticas públicas responda adecuadamente a las necesidades de las personas con discapacidad, garantizando con ello la consecución de sus derechos fundamentales.

Hemos de reconocer los avances en nuestro sector, fruto todos ellos del continuado DIALOGO SOCIAL que se ha mantenido a lo largo de los últimos años y a pesar de ello nos encontramos con una situación crítica a todas luces.

Por otro lado en estos momentos no se puede hacer un seguimiento efectivo de los compromisos políticos que se alcanzan y los escasos presupuestos destinados a darles sentido a esta convocatoria y por transparencia, exigimos disponer de cuantías suficientes fácilmente identificadas con la anterioridad necesaria para proyectar nuestras actuaciones en materia de discapacidad (al igual que en materia de género o materia medioambiental), donde sea fácil y comprensible identificar todas las partidas incluidas.

A lo largo de todo este camino, nuestras entidades se han convertido en efectivas y leales colaboradoras de la administración pública ya que, no sólo les han hecho llegar las reivindicaciones y necesidades reales y prioritarias de las personas a las que representan, sino que también han dado un paso al frente prestando servicios concertados con la administración; residencias de personas gravemente afectadas, atención temprana, unidades de estancia diurna, terapia ocupacional, etc. y, debido a su capilaridad organizacional, desarrollando programas y proyectos destinados a prestar aquéllos servicios complementarios que la administración debería haber cubierto pero que, por motivos presupuestarios o de gestión, no ha realizado, tales como: programas de autonomía personal, accesibilidad, atención integral y prevención a la dependencia , respiro familiar, salud, ocio y deporte inclusivo, formación y empleo, etc.

Sin embargo, evidenciamos que la Administración Autonómica ha descuidado en los últimos años al tercer sector, con el riesgo que esto último supone para las necesidades directas de las personas con discapacidad que atiende y representa. Y en este sentido es destacable:

  • La ausencia de subvenciones nominativas y convenios de colaboración que aseguren la financiación, viabilidad y mantenimiento de las entidades de referencia de nuestro sector, tal y como ocurre en otras Comunidades Autónomas como Galicia o Cantabria. Estos convenios permitirían dar estabilidad a las mismas, garantizando su interlocución y dando continuidad a los servicios de atención directa a personas con discapacidad que llevan desarrollando muchos años.
  • Sometimiento, en la concesión de subvenciones para su mantenimiento o la realización de programas, a un sistema de concurrencia competitiva donde, ni se conocen de manera clara y cierta los criterios de adjudicación, ni hay certeza ni uniformidad entre provincias sobre tiempos de resolución, ni se respetan los tiempos de revisión de los expedientes justificados. Lo que evita una correcta planificación de las actividades, precariza las condiciones laborales de los profesionales que desarrollan su actividad laboral en las organizaciones y retrasa el cobro de nuevas convocatorias de manera injustificada, favoreciendo el intrusismo de corporaciones empresariales, cuyas condiciones laborales, calidad en sus programas y conocimientos del sector, son muy discutidos.
  • Establecimiento de un sistema de abono de las subvenciones tras la justificación de las mismas, o del adelanto de un importe inferior al 100% al comienzo del programa, quedando supeditado el cobro de la totalidad a la revisión de los expedientes por parte de la administración (cuyo plazo se incumple de manera sistemática ) Esto repercute en un sector asociativo cada vez más endeudado y deficitario, llegándose a producir la paradoja de que careciendo de capacidad económica propia es el que financia la aplicación y desarrollo de las políticas públicas de la administración en materia de discapacidad.
  • La inexistencia de un protocolo único para reclamar la accesibilidad en los establecimientos y espacios públicos que incumplen con la normativa vigente y que permita un seguimiento y resolución efectiva de las barreras arquitectónicas y urbanísticas en Andalucía y en concreto en nuestra provincia de Cádiz.

Por todo ello las organizaciones del sector reclamamos el apoyo cierto y decidido de las administraciones públicas para seguir desempeñando nuestra doble misión; por un lado prestando servicios de calidad a las personas con discapacidad que atendemos y, por otro, asumiendo el papel de colaboradores ciertos y leales de la Administración Pública en la transmisión de nuestras derechos y necesidades.