El CERMI plantea una protección reforzada a la infancia con discapacidad en la futura normativa estatal contra la violencia en niños y niñas


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  • El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha elaborado un documento con propuestas para la ley que está elaborando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

(Madrid, 23 de febrero de 2018).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado que se introduzca una protección reforzada a la infancia con discapacidad en la futura ley integral contra la violencia hacia niños y niñas, que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está elaborando actualmente.

En este sentido, el CERMI ha remitido al departamento dirigido por Dolors Montserrat un documento con diferentes propuestas, realizadas a la luz de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados parte a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de la infancia con discapacidad, en igualdad de condiciones que el resto de niños y niñas.

De esta forma, el CERMI reclama que la futura ley contra la violencia en menores, que debería ser de carácter orgánico, incluya una dimensión transversal y también específica referida a los niños y niñas con discapacidad, por su situación objetiva de mayor exposición a las distintas formas de violencia. En esta línea, es necesario aprobar una Estrategia Estatal de Lucha contra la Violencia hacia los Niños y Niñas con Discapacidad, que cubra todas las formas de violencia.

Además, la entidad insta a dar una mayor visibilidad a los abusos y violencia contra los niños y niñas con discapacidad, para lo que se debería sensibilizar, prevenir, detectar, intervenir y reparar. Para ello, es prioritario incluir cifras específicas en las estadísticas sobre violencia en la infancia, así como elaborar Protocolos adecuados y conformes a los principios de accesibilidad universal, incluida la cognitiva, para saber cómo actuar en tales casos, ya que uno de los problemas es detectar las situaciones de abuso y violencia, al producirse en ámbitos familiares y privados en muchas ocasiones.

FORMACIÓN DE PROFESIONALES

El documento de propuestas del CERMI presta una especial atención a la formación de los profesionales de ámbitos como el educativo, servicios sociales, sanitarios, policial y judicial, entre otros, a fin de que sepan detectar las situaciones de violencia e intervenir adecuadamente en los casos perpetrados contra la infancia con discapacidad. Así, se podrían crear unidades especializadas sobre violencia contra los menores con discapacidad en la inspección educativa y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Asimismo, hace especial hincapié en la necesidad de garantizar la plena accesibilidad universal de los procesos judiciales, proporcionando los apoyos necesarios para que todos los menores puedan tener acceso a la información y a la posibilidad de expresarse en igualdad de condiciones.

Elaborar un plan de aplicación del Estatuto de la Víctima del Delito, que fije objetivos y evalúe los resultados, con una dotación de medios necesarios, es clave también para mejorar el despliegue de este Estatuto, que sin duda ha reforzado la protección de grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de la infancia con discapacidad.

Por otra parte, el CERMI emplaza a reformar el Código Penal para  agravar las penas derivadas de cualquier tipo de delitos cuando las conductas delictivas sean inspiradas por el odio hacia niños y niñas con discapacidad.

A juicio de la plataforma representativa de la discapacidad en España, es prioritario abordar todas estas cuestiones en la futura ley contra la violencia en la infancia, ya que los niños y niñas con discapacidad están más expuestos a sufrir violencia, la padecen con más frecuencia y son más vulnerables a sus efectos.

De hecho, un estudio encargado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la Universidad de Liverpool, que recogía datos de 17 países, entre ellos España, alertó de que los menores con discapacidad son víctimas de alguna forma de violencia con una frecuencia 3,7 veces mayor que los que no tienen discapacidad; son víctimas de violencia física con una frecuencia 3,6 veces superior; y de violencia sexual con una frecuencia 2,9 veces mayor.